El Plan de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela comprende los ámbitos: Social, Económico, Político, Territorial y Relaciones Internacionales; estableciendo en primer lugar el aspecto social  como punta del Desarrollo integral y estratégico del estado.

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 Objetivo.- Alcanzar la justicia social

    Responder a las necesidades sociales alcanzando la equidad como nuevo orden de justicia social y base material de la sociedad venezolana. Este objetivo exige transformar las condiciones materiales y sociales de la mayoría de la población, separada y distanciada históricamente del acceso equitativo a la riqueza y al bienestar, y construir una nueva condición de ciudadanía, basada en el reconocimiento pleno y el ejercicio garantizado de los derechos.

    En este sentido, los principios orientadores del equilibrio social son la universalidad, consistente en la garantía de los derechos sociales establecidos en la Constitución Bolivariana de Venezuela; la equidad social, para romper la dicotomía tradicional que divide lo social de lo económico, subordinando lo primero al segundo; la cual alude a las obligaciones compartidas.

Sub-Objetivo.-

    1.- Garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa.

    Reconocer los derechos de todos sin discriminación de clase, preservando la autonomía de cada ser humano por medio de respuestas que garanticen la atención de grupos y territorios en el contexto específico y de acuerdo a las exigencias de sus necesidad sociales.

    2.- Mejorar la distribución del ingreso y la riqueza.

    Fortalecer la economía social, la democratización de la propiedad de la tierra, la generación de empleo productivo y la reestructuración del régimen de remuneraciones.

    3.- Fortalecer la participación social y generar poder ciudadano, en espacios públicos de decisión.

    Romper con el concepto tradicional de participación, materializando una democracia participativa y protagónica. Establecer una nueva relación del Estado con la sociedad donde lo público es asumido por la gente y por el Estado de forma corresponsable. El ciudadano tiene derecho a participar en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas, ejerciendo de manera directa la democracia por diferentes mecanismos y las comunidades organizadas a convertirse en nuevos sujetos de descentralización.

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